Inocentes encerrados, criminales en la calle: la cuarentena de Alberto Fernández

Estadísticas criminales oficiales evidencian la correlación entre el aumento de delitos violentos en zonas vulnerables y la liberación masiva de presos. Se liberaron, con complicidad de jueces, más de 4.000 presos en el sistema federal y PBA, incluyendo 56 violadores.

La reincidencia de los presos liberados por el COVID-19 aqueja al país y un drástico aumento de robos y crímenes se observa en todo el territorio argentino. En el Conurbano bonaerense la situación empeora.

La incapacidad de respuesta por parte de los gobiernos nacionales y provinciales al agravamiento de la situación delictiva da vía libre a los delincuentes.

Con el pueblo desarmado, policías ausentes y criminales en las calles, la proliferación de "zonas liberadas" se hace evidente.

Tal como consta en informes de la Procuraduría Penitenciaria Nacional, la de Violencia Institucional, y la General de Buenos Aires, 4.559 presos fueron liberados entre marzo y junio entre el sistema penitenciario federal y la Provincia de Buenos Aires por el "riesgo a contagiarse de COVID-19".

Solo un 11% habían cumplido sentencia o fueron absueltos durante estos meses.

Ya desde marzo, y con el aval implícito del Poder Ejecutivo Nacional, distintos jueces, como el filo-kirchnerista Eduardo Néstor de Lázzari -que llegó al Tribunal Supremo bonaerense de la mano de Duhalde, integrándolo desde 1997 y se opuso en su momento a la detención de Pablo Moyano- y el famoso y polémico juez comunista Víctor Violini consolidaron, por medio de múltiples fallos y resoluciones, mecanismos que permitieron la salida masiva de presos.