La Justicia se prepara para elevar a juicio a Belliboni por extorsión con planes sociales y fraude al Estado
Eduardo Belliboni irá a juicio oral. Está acusado de extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo. También lo acusan de desviar fondos públicos.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, enfrentará un juicio oral acusado de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de defraudar al Estado a través de maniobras con fondos públicos.
El juez federal Sebastián Casanello, quien instruyó la causa, está próximo a cerrar la etapa de investigación y firmar la resolución que enviará a juicio a Belliboni y a otros referentes de la organización. Están señalados por los delitos de administración infiel y amenazas, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita y los querellantes solicitaran formalmente la elevación de la causa.
Durante el proceso, se descubrió que parte de los recursos destinados al Polo Obrero y a la cooperativa El Resplandor Limitado eran redireccionados a empresas fantasma mediante facturas apócrifas. Entre ellas figura Coxtex, identificada por la AFIP como una firma ficticia, que habría servido como pantalla para simular compras de computadoras. También se detectó que otros proveedores como Ediciones e Impresiones Rumbos, Ricoprint y Urban Graphics participaron en el desvío de fondos.
Según la investigación, de los $360 millones recibidos por el Polo Obrero y El Resplandor, al menos $40 millones fueron canalizados hacia estas empresas. Parte de ese dinero habría financiado la campaña del Partido Obrero. "Lo público se confundió con lo privado", escribió Casanello en su resolución de procesamiento.
Además de Belliboni, también están acusados otros dirigentes como Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, María Isolda Dotti e Iván Candotti, entre otros. La fiscalía sostiene que, entre 2020 y 2024, crearon una estructura sistemática para presionar a personas vulnerables, reteniéndoles parte del dinero recibido a través de los planes sociales.
En paralelo, los fondos que debían utilizarse para formación laboral eran desviados con facturas truchas, lo que según la fiscalía generó una recaudación de más de $313 millones solo entre agosto de 2023 y febrero de 2024.
Entre las pruebas clave figuran cuadernos de control donde se registraban las asistencias a movilizaciones, como la del 1 de mayo de 2023. En uno de los documentos, incluso se anotaba quiénes llegaban tarde o faltaban, aplicando sanciones que podían incluir descuentos o la baja del programa.
También se sumaron a la causa correos y mensajes de WhatsApp con instrucciones que confirmaban que la participación en marchas era obligatoria. Durante los allanamientos, la Justicia halló planillas con datos detallados sobre cada beneficiario, sus conductas y el grado de compromiso con las actividades del movimiento.
La causa avanza y la Justicia ya se prepara para el juicio oral contra Belliboni y otros 17 imputados por un sistema de recaudación ilegal que, según las pruebas recolectadas, estaba perfectamente organizado dentro del Polo Obrero.
