Casi todos los jueces y fiscales que juzgaron a Cristina fueron nombrados por ella
Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la causa Vialidad. La sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. El caso involucra a 20 funcionarios, muchos de ellos designados durante el kirchnerismo.
El proceso judicial de la causa Vialidad, que comenzó con la investigación de la administración de Cristina Kirchner y culminó en una sentencia condenatoria, ha involucrado a un total de 20 funcionarios, entre jueces y fiscales, durante su desarrollo. Muchos de estos funcionarios fueron designados durante los gobiernos kirchneristas.
El expediente, que pronto llegará a la Corte Suprema, ha sido utilizado por Estados Unidos como argumento para revocar la visa de ingreso de Cristina Kirchner al país, medida que también afecta a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.
En su última aparición pública, la expresidenta, recientemente condenada, criticó a la Cámara Federal de Casación Penal por rechazar su apelación contra la confirmación de su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Según los fundamentos del fallo, el perjuicio económico generado asciende a 85.000 millones de pesos.
Con esta decisión, la causa que investiga la adjudicación de 51 licitaciones a Lázaro Báez, socio comercial de la exmandataria, será finalmente revisada por la Corte Suprema, una vez que tanto los imputados como el Ministerio Público Fiscal presenten un recurso de queja, la última instancia en el proceso judicial.
El caso fue inicialmente instruido por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita como jefa y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ercolini asumió el control del Juzgado Federal N°10 en octubre de 2004, mediante una designación del entonces presidente Néstor Kirchner.
Cuando el juicio oral comenzó en 2019, el expediente ya había pasado por la fiscalía de Gerardo Pollicita, quien llegó a Comodoro Py en 2005, durante el primer mandato de Néstor Kirchner. También intervino Ignacio Mahiques, fiscal designado por Cristina Kirchner en 2015.
La acusación que presentó Ercolini fue revisada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Este último fue promovido a dicha sala en 2018 por decisión de la entonces vicepresidenta.
Con la ratificación del procesamiento, Ercolini envió el caso a juicio oral, en el que se le imputó a Cristina Kirchner haber sido parte de una maniobra de corrupción orquestada desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, que permitió el desvío de fondos públicos a través de la asignación discrecional de obras viales al Grupo Austral de Lázaro Báez.
Tras más de dos años de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 dictó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, hallando a la exmandataria culpable de administración fraudulenta. La pena impuesta fue de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces que firmaron la sentencia, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, fueron designados durante el mandato de Cristina Kirchner. En 2011, ambos prestaron juramento como miembros del Tribunal Oral Federal 2, mientras que Andrés Basso ingresó al TOF 3 en 2015 y, años después, fue seleccionado para integrar el TOF 2.
El fiscal general Diego Luciani, quien durante su alegato solicitó la inclusión del delito de asociación ilícita con una pena de doce años de prisión, asumió su cargo en 2013 por decreto de Cristina Kirchner.
La apelación de la sentencia por parte de la fiscalía y de la defensa llevó el caso a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Borinsky fue designado en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
A pesar de todas las pruebas y resoluciones judiciales, este sábado, Cristina Kirchner calificó a la Cámara de Casación de "macrista" durante un acto público, en el que también expresó su intención de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar cumplir la pena de prisión.
