Delegada de un comedor del Polo Obrero reconoció que extorsionaba a beneficiarios
El pasado martes, cuatro dirigentes del Polo Obrero fueron citados a declarar.
En una nueva ronda de indagatorias, la Justicia ha puesto bajo la lupa a varios integrantes y dirigentes del Polo Obrero, acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La causa, que también involucra una posible defraudación al Estado, busca esclarecer el desvío de millones de pesos provenientes del exMinisterio de Desarrollo Social hacia dos empresas que emitían facturas falsas.
El pasado martes, cuatro dirigentes del Polo Obrero fueron convocadas a declarar. De ellas, solo Elizabeth Galindo Mamani aceptó responder preguntas. Mamani, quien se desempeñaba como delegada en el comedor "Rivadavia 1" en la Ciudad de Buenos Aires, admitió haber exigido a los beneficiarios del Potenciar Trabajo un porcentaje de sus ingresos.
Según mensajes exhibidos por la fiscalía, Mamani recaudaba entre $2000 y $3000 de cada beneficiario, justificando el cobro como necesario para "sostener" el comedor, aunque el destino final del dinero sigue sin esclarecerse.
Además de Mamani, también se presentaron Brisa Noelia Choque, Cynthia Delgado Vilches y otra mujer que se negó a declarar, limitándose a describir sus situaciones personales y familiares sin aportar detalles relevantes para la causa. Este miércoles 12 de junio, más dirigentes del Polo Obrero enfrentarán a la Justicia por acciones similares, con una importancia creciente en la semana del 18 de junio, cuando se espera que testifiquen figuras claves como Jeremías Cantero, el número dos de la organización.
La causa también implica a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y otros dirigentes acusados de administración fraudulenta. Belliboni deberá declarar el 25 de junio, junto con Maria Dotti, a quien se le incautaron $54,000 en un allanamiento, y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, acusada de emitir facturas falsas.
La Justicia investiga si al menos $25 millones fueron desviados a las empresas Rumbos y Coxtex, las cuales se sospecha fueron creadas para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino del dinero. La AFIP está en proceso de confirmar que ambas son compañías falsas. Además, se ha revelado que parte del dinero desviado retornó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales.
La investigación también apunta a los dueños de Coxtex y otras tres empresas fantasmas, rastreando el flujo de dinero y los responsables de su desvío. María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, vinculados a estas firmas, están bajo escrutinio, habiendo cobrado por firmar como titulares de las empresas implicadas.
