Diputados comienza a tratar el proyecto para que no pueda haber candidatos condenados
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados comenzarán a examinar propuestas para modificar la legislación electoral y el régimen de partidos políticos.
La Cámara de Diputados dará inicio este martes al análisis de una serie de iniciativas destinadas a reformar el sistema electoral y el régimen de partidos políticos. En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidido por los libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, se debatirán diversos proyectos relacionados con la Ficha Limpia, como parte de una Reforma Política más amplia.
La propuesta, que ha sido discutida en períodos parlamentarios anteriores sin llegar a concretarse, tiene como objetivo garantizar que todos los candidatos a cargos públicos presenten un historial penal limpio. La diputada radical Karina Banfi explicó a TN que el proyecto busca asegurar que cualquier ciudadano que aspire a un cargo público pueda demostrar su integridad, explicando cualquier antecedente penal en lugar de que estos pasen desapercibidos o afecten otros derechos.
Varios representantes de organizaciones de la sociedad civil han sido convocados para participar en el plenario. Entre ellos se encuentran Gastón Marra del movimiento #FichaLimpia, la periodista Fanny Mandelbaum, el constitucionalista Daniel Sabsay, el juez José María Pérez Corti del Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba, Eduardo Repilloza Fernández del directorio de Transparencia Electoral y el exconvencional Antonio María Hernández.
El debate se centrará en determinar si las interpretaciones del Congreso deben basarse en condenas de primera instancia o esperar a pronunciamientos en segunda instancia, así como definir los delitos que resultarían en la inhabilitación de candidatos para participar en procesos electorales.
En 2021, la exdiputada radical Brenda Austin propuso que se establecieran limitaciones para acceder a cargos públicos, basadas en el Artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que quien incurra en un grave delito doloso contra el Estado, que implique enriquecimiento indebido, quedará inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por el tiempo que determinen las leyes.