El Gobierno de Javier Milei empezó con la privatización de las rutas nacionales
Para asegurar una gestión mucho más eficiente, el Gobierno busca privatizar más de 8400 kilómetros de rutas nacionales.
El Gobierno de Javier Milei dio inicio este miércoles al proceso de privatización de los corredores viales con la publicación del decreto 28/2025, que establece las normas y plazos para la licitación de la "ruta del Mercosur". A través de este decreto, se busca delegar en el sector privado la conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales, que actualmente están bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad, como parte de un esfuerzo por reducir el gasto público.
El primer tramo a privatizar será el corredor vial nacional N° 18, que abarca más de 600 kilómetros de rutas, incluyendo pasos fronterizos con Uruguay y Brasil. Este corredor es clave para la conexión entre la región del Litoral argentino y los países del Mercosur, facilitando el comercio internacional.
Entre los tramos que serán licitados se incluyen las rutas RN 12, RN 14, RN 135, RN A-015, RN 117 y RN 174, que conectan distintas localidades y son de gran relevancia estratégica. Según el decreto, los tramos serán concesionados bajo el régimen de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias, permitiendo su explotación mediante peaje.
El proceso de licitación estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, que será responsable de gestionar y supervisar la concesión de los tramos. Esta privatización se enmarca dentro de un plan más amplio del gobierno para optimizar la gestión de las rutas nacionales, que abarcan más de 8.400 kilómetros de caminos actualmente bajo el control de Corredores Viales, una empresa estatal con una gestión considerada ineficiente.
El Gobierno de Milei tiene como objetivo lanzar una licitación para concesionar estos tramos por un período de 15 años, con una inversión inicial moderada. La adjudicación de la concesión se basará en la oferta que proponga una tarifa más baja, dentro de un límite determinado por el Estado. Además, en caso de empate en las ofertas, el contrato será adjudicado a la propuesta con el menor tiempo de extensión.
