El Gobierno pone en marcha la Ley Antimafias: cuáles son los principales cambios
La Ley Antimafias ya está en vigencia en Argentina. Endurece penas y amplía las facultades de la Justicia. Habrá detenciones preventivas y decomiso inmediato de bienes.
Con su publicación en el Boletín Oficial, la denominada Ley Antimafias comenzó a regir en Argentina. La norma busca reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante penas más severas, nuevas herramientas de investigación para la Justicia y las fuerzas de seguridad, y la introducción de la detención preventiva por averiguación de delito.
Un marco inspirado en legislaciones internacionales
Basada en la Ley RICO de Estados Unidos y en la legislación antimafia de Italia, la Ley 27786 introduce un nuevo tipo penal para las organizaciones criminales, diferenciándolo de la asociación ilícita tradicional. Carlos Manfroni, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, destacó que la norma establece "penas verdaderamente disuasivas, que pueden superar los 50 años de prisión".
Principales delitos alcanzados por la ley
El artículo central de la ley prevé penas de 8 a 20 años para quienes formen parte, cooperen o ayuden a mantener una organización criminal vinculada a delitos como:
Narcotráfico
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Tráfico de órganos
Corrupción y cohecho
Secuestro extorsivo
Pornografía infantil
Trata de personas
Tenencia ilegal de armas
Uno de los aspectos más significativos de la ley es que cada integrante de una organización criminal podrá ser acusado del delito más grave cometido por cualquier miembro del grupo, sin necesidad de haber participado directamente en el hecho. Además, se duplican y acumulan tanto los mínimos como los máximos de las penas aplicables.
Detenciones preventivas y nuevas herramientas judiciales
Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de realizar detenciones preventivas con autorización del fiscal. En el marco de una investigación preliminar, se podrá arrestar a una persona por un periodo de entre 48 horas y 30 días, mientras se analiza su posible vínculo con delitos organizados. Según Manfroni, esto permitirá un accionar más efectivo contra las mafias.
La norma también otorga mayores facultades a la Justicia y las fuerzas de seguridad, incluyendo:
Decomiso inmediato de bienes sospechados de tener origen ilícito.
Requisas en cárceles para prevenir la coordinación de delitos desde los penales.
Inmovilización de activos financieros ligados a organizaciones criminales.
Intervención de comunicaciones en plataformas como WhatsApp y Telegram.
Asimismo, se prevé la creación de "zonas sujetas a investigación especial", determinadas por un juez competente, las cuales podrán abarcar varias ciudades y, en caso de delitos de jurisdicción provincial, requerirán autorización de jueces locales.
El endurecimiento de penas y la ampliación de las facultades judiciales podría generar debate sobre posibles excesos en su aplicación. La posibilidad de detenciones preventivas prolongadas y la intervención de comunicaciones privadas serán puntos clave en la implementación de la norma.
A medida que se comiencen a aplicar sus disposiciones, se evaluará su impacto real en la lucha contra las organizaciones delictivas en Argentina.
