El Gobierno rechaza la restitución de la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner

El Gobierno Nacional presentará este viernes su rechazo al recurso presentado por Cristina Kirchner, que busca evitar la quita de su jubilación de privilegio, la cual asciende a $21.000.000 mensuales. Según fuentes de TN, el documento ya está listo para ser enviado, notificando a la expresidenta sobre la decisión. La defensa de Kirchner solicita la restitución de la asignación, argumentando que la medida vulnera sus derechos y garantías constitucionales.

La estrategia legal del Ejecutivo se apoya en la reciente confirmación de la condena en la causa Vialidad, lo que consideran una justificación para la remoción del beneficio, alegando "mal desempeño" y "vulneración del honor de la magistratura" según lo estipulado en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Además, el Gobierno se ampara en el artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias no corresponden a quienes hayan sido removidos por mal desempeño o juicio político.

La Casa Rosada sostiene que la decisión de suspender los haberes de Kirchner fue respaldada por un equipo legal de la ANSES, encabezado por Mariano de los Heros, y que la medida se presentó antes de la finalización de la feria judicial. En Balcarce 50, se argumenta que la asignación de privilegio resulta incompatible con quienes han cometido delitos en el ejercicio de su función pública, especialmente cuando afecta al Estado Nacional. En este contexto, también se está evaluando la posibilidad de quitar otras jubilaciones de privilegio, aunque no se planea derogar la de Carlos Menem, que actualmente percibe su viuda, Zulema Yoma.

Por su parte, el abogado de la exvicepresidenta, Facundo Fernández Pastor, presentó un documento en el que sostiene que la quita vulnera derechos constitucionales y que la notificación no fue realizada de manera adecuada. Además, solicita la devolución de las sumas retenidas con intereses y costas.

El Gobierno anticipa que la disputa podría llegar a la Justicia Federal de la Seguridad Social, aunque algunos funcionarios reconocen que la medida podría enfrentar dificultades para ser defendida en tribunales a largo plazo.