Envían a juicio oral a Eduardo Belliboni por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral acusado de extorsionar a personas que recibían el plan Potenciar Trabajo y de desviar fondos públicos. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo responsabilizó junto a otros dirigentes por los delitos de administración infiel en concurso real y amenazas. También se llamará a indagatoria a profesionales que colaboraron en la creación de sociedades utilizadas en la maniobra.

Según la investigación, parte del dinero recibido por el Polo Obrero y la cooperativa "El Resplandor Limitado" fue canalizado a través de empresas con facturación apócrifa, con el objetivo de financiar la campaña del Partido Obrero. Entre las firmas involucradas figuran Coxtex -identificada como falsa por la AFIP-, la imprenta Ediciones e Impresiones Rumbos, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini.

El juez Casanello detalló que solo Coxtex fue fundada por personas a las que se les pagó para firmar los papeles y que su operador principal, Leandro Kebleris, sigue bajo investigación. En total, unos $40 millones fueron desviados de los $360 millones que recibió el Polo Obrero como unidad de gestión del programa.

La fiscalía señaló que entre junio de 2020 y marzo de 2024 se instaló "una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica". A febrero de este año, el Polo Obrero administraba 65.000 planes, y se estima que entre agosto de 2023 y febrero de 2024 se recaudaron más de $313 millones, solo considerando el 50% centralizado, mientras el resto era distribuido en estructuras regionales.

Entre las pruebas más relevantes hay libretas con registros de asistencia a movilizaciones, como la del 1 de mayo de 2023. En esos documentos se anotaban presencias, llegadas tarde -como "media marcha"- y se especificaban sanciones económicas para quienes no asistían. También se hallaron documentos con listas de personas a las que se debía presionar para aumentar su participación.

Además, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp revelan que la asistencia a marchas era obligatoria y que existían castigos para quienes no cumplían. Hojas de cálculo con nombres, observaciones y niveles de compromiso halladas durante los allanamientos refuerzan la sospecha de que la extorsión estaba sistematizada dentro de la organización.

Belliboni, considerado el principal organizador, será juzgado junto a otras 17 personas, incluidos referentes como Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma y otros dirigentes nacionales y regionales. La causa pone bajo la lupa el uso de recursos públicos por parte de organizaciones sociales y su presunta utilización para fines políticos y personales.