La fiscalía pidió que la Corte condene a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel
El fiscal general cuestionó la absolución de varios acusados y destacó que se probó una estructura de corrupción organizada.
La fiscalía solicitó que la Corte Suprema imponga una condena de 12 años de prisión a la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa por direccionamiento de obra pública a favor de empresarios vinculados al kirchnerismo. La petición fue realizada por el fiscal general Mario Villar al apelar la decisión de la Cámara de Casación Penal, que había ratificado la condena a la exmandataria en el caso conocido como "Causa Vialidad".
En su apelación, Villar destacó que la resolución de Casación "repite lo que dijo" el Tribunal Oral Federal N°2, que había condenado a Kirchner, y que no responde a las críticas realizadas por el Ministerio Público en relación con los argumentos de la sentencia. Según el fiscal, esta falta de respuesta convierte la resolución en arbitraria, lo que habilita el recurso ante la Corte.
El año pasado, la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Sin embargo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron la solicitud de la fiscalía de aplicar la figura de asociación ilícita en el caso.
Villar argumentó en su apelación que el delito de asociación ilícita castiga la pertenencia a una organización criminal, incluso sin necesidad de que se hayan ejecutado los hechos planificados. El fiscal cuestionó la decisión de la Cámara de Casación de excluir esta figura penal en el caso y criticó la absolución de varios involucrados, incluidos Lázaro Báez y Julio De Vido, por este mismo delito.
El fiscal también señaló que, según lo probado en el juicio, los acusados, junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner, establecieron una red de corrupción organizada y sostenida durante más de 12 años, orientada a desviar fondos públicos destinados a obras de infraestructura. En este contexto, Villar remarcó que no se trata simplemente de "irregularidades en algunas licitaciones", sino de una estructura jerárquica diseñada para robar de manera sistemática fondos destinados a la obra pública.
Villar concluyó su apelación afirmando que la asociación ilícita, un delito aplicable a organizaciones criminales, debería ser igualmente considerada en el ámbito político cuando se prueban acciones similares.
