La Justicia confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género

La Cámara Federal porteña ratificó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, acusado de haber ejercido violencia física y psicológica contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez. La decisión judicial lo deja un paso más cerca de enfrentar un juicio oral.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah respaldaron la resolución del juez federal Julián Ercolini, quien había imputado a Fernández por los delitos de lesiones leves y graves calificadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas.

En su fallo, el tribunal consideró probado que la relación entre Fernández y Yáñez, que se extendió desde 2016 hasta mediados de 2024, estuvo marcada por una dinámica de violencia sostenida, dentro de un vínculo desigual de poder. "La víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad preexistente que fue aprovechada por el imputado", afirmaron los magistrados.

Según la Cámara, la relación estuvo atravesada por episodios reiterados de violencia psicológica y física, lo que habría provocado un importante deterioro en la salud de Yáñez. En ese sentido, los jueces señalaron que los hechos ocurrieron dentro de un entorno de aislamiento, como la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía un dominio absoluto del espacio.

"La damnificada se encontraba en una posición de subordinación evidente, tanto en el plano personal como institucional, lo que la llevó a buscar ayuda en reiteradas ocasiones", señalaron los jueces, quienes coincidieron en que hubo una "unidad de conducta" en los actos violentos denunciados, sostenidos a lo largo del tiempo.

En cuanto a los problemas de salud que atravesaba Yáñez, el tribunal indicó que debieron haber sido conocidos por el exmandatario al momento de iniciar y mantener la relación. Esa situación de fragilidad reforzaba aún más el desequilibrio de poder dentro del vínculo.

El juez Ercolini, en su resolución de febrero pasado, no solo procesó a Fernández sino que le impuso una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros, además de embargarlo por 10 millones de pesos. También prohibió cualquier tipo de contacto, ya sea presencial, telefónico o digital, con la víctima.

La apelación del expresidente

Tras ser procesado, Fernández presentó una apelación de 59 páginas en la que solicitó su sobreseimiento y cuestionó duramente el accionar judicial. Alegó que las pruebas no eran concluyentes y acusó al juez de haber basado su fallo en interpretaciones subjetivas más que en evidencia firme.

Entre sus argumentos, la defensa del exmandatario señaló que no existen pruebas directas que sustenten las denuncias. "La ausencia de evidencia concreta no puede ser suplida con conjeturas o interpretaciones sin sustento", manifestó en su escrito.

Uno de los puntos más controvertidos que mencionó fue la falta de verificación de supuestos chats en los que Yáñez habría narrado los episodios de violencia. Según su defensa, esos mensajes no fueron extraídos del teléfono original, lo que impide validar su autenticidad.

"Se trata de contenidos cuya existencia ni siquiera ha sido confirmada en el dispositivo de la denunciante. No hay manera de dar por probados esos hechos", sostuvo Fernández en su apelación.