Milei impulsa cambios en YCRT y apunta a reducir su déficit

El Gobierno de Javier Milei avanza con su estrategia de privatización de empresas estatales y, tras la reestructuración del Banco Nación, ahora pone el foco en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El proceso comienza con la conversión del complejo minero en una sociedad anónima, lo que representa el primer paso para su reorganización financiera y posterior venta a inversores privados.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 115/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente. La iniciativa, impulsada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, establece que el 95% de la participación accionaria quedará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% corresponderá a la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía.

Con esta modificación, el objetivo es optimizar la gestión de YCRT y reducir la dependencia de fondos estatales para su funcionamiento, en línea con la política de ajuste fiscal del Ejecutivo. En este sentido, la flamante sociedad anónima deberá presentar en un plazo de 60 días (con la posibilidad de una prórroga de 30 días) un presupuesto que minimice los aportes del Tesoro Nacional y un plan de inversión que garantice su continuidad operativa.

YCRT es una de las nueve compañías estatales contempladas en la Ley Bases como candidatas a privatización o concesión. Sin embargo, la transferencia a manos privadas no será inmediata, ya que previamente se trabajará en sanear sus finanzas y estructura operativa. Esto incluirá la normalización de balances, la actualización de reglamentos internos y la optimización de los recursos.

La empresa atraviesa una crisis estructural, económica y administrativa. Entre los principales problemas se destacan:

• Un plantel de empleados sobredimensionado en relación con su nivel de producción.

• Falta de inversión en tecnología y equipamiento, lo que afecta la capacidad de extracción y comercialización del carbón.

• Irregularidades en el manejo de fondos y antecedentes de corrupción en diversas gestiones.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue informado de la decisión por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La relación entre el Ejecutivo nacional y el mandatario provincial ha tenido altibajos, por lo que la Casa Rosada evitó tomar medidas sin su conocimiento. En el ámbito político santacruceño, existe la sospecha de que la Nación pretende que la provincia asuma la administración de la mina y su personal, mientras que la central termoeléctrica, considerada el activo más valioso del complejo, quedaría en manos del sector privado.

A pesar de sus dificultades operativas, el carbón extraído en Río Turbio cuenta con demanda en el mercado internacional, en particular desde China, que necesita grandes volúmenes para su industria. No obstante, la capacidad productiva de la mina es insuficiente para abastecer esa demanda:

• China requiere al menos 30.000 toneladas de carbón al mes, mientras que YCRT, en condiciones óptimas, solo alcanzaría las 20.000 toneladas.

• La ubicación de la mina supone una desventaja logística, ya que el carbón debe ser transportado 300 kilómetros hasta el puerto, lo que encarece los costos y reduce su competitividad.

Antes de la publicación del decreto, especialistas consideraron que una inversión sostenida del Estado podría mejorar la productividad y viabilidad del yacimiento. Sin embargo, el Gobierno descartó esta opción, ya que no se ajusta a la política de recorte del gasto público y ajuste fiscal impulsada por Milei.

Todavía no hay una fecha definida para la privatización de YCRT, aunque se sabe que al menos tres grupos empresarios han manifestado interés en la compra. En el corto plazo, la prioridad será reducir costos, ajustar la plantilla de empleados y regularizar los aspectos contables de la empresa para hacerla más atractiva para el sector privado.

El proceso de venta no estará exento de obstáculos: además de los desafíos estructurales, existen presiones políticas y gremiales que podrían frenar el avance de la privatización. No obstante, para la administración de Milei, esta operación es clave dentro de su estrategia para reducir el tamaño del Estado y el déficit fiscal.